Sessions amenaza a ciudades santuario con orden judicial

El Departamento de Justicia advirtió este miércoles a un grupo de denominadas “ciudades santuario” que deben certificar que están compartiendo información con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de sus residentes. De no certificar su cooperación, serán forzadas a someter los documentos mediante una orden judicial.

Las ciudades santuario son aquellas que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. El Departamento de Justicia quiere obligarlas a cooperar con las autoridades migratorias para facilitar la identificación y remoción de posibles inmigrantes indocumentados del país.

Funcionarios del Departamento de Justicia enviaron este miércoles cartas a ciudades como Chicago, Denver, Los Ángeles y Nueva York, así como a los estados de California, Illinois y Oregon, pidiéndoles que certifiquen que están compartiendo información con las autoridades federales y amenazándoles con una orden judicial si no cumplen con el pedido.

“Si estas jurisdicciones no responden a nuestro pedido, no responden por completo o no responden a tiempo ejerceremos nuestra autoridad y emitiremos órdenes pidiendo información”, dice el comunicado en la página del departamento.

En más de una ocasión el Departamento de Justicia y el fiscal general, Jeff Sessions, han amenazado a estas ciudades con recortarles fondos de programas federales de justicia criminal si no comparten información con las autoridades migratorias.

Sin embargo, la amenaza no significa que las jurisdicciones tendrían que asistir a las autoridades con las deportaciones.

Por ejemplo, algunas ciudades santuario se niegan a mantener detenidos a inmigrantes cuando se los pide el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Aunque Sessions ha dado entender que negarse a estas solicitudes es ilegal, la realidad es que los pedidos son de naturaleza voluntaria y no es obligatorio cumplirlos bajo la ley federal.

Sessions ha criticado a los lugares que requieren que sus empleados no le pregunten a los residentes sobre su estatus migratorio. Sin embargo, la ley federal no requiere que las ciudades indaguen sobre el estatus de sus residentes; solo requiere que se mantenga una línea abierta con el gobierno federal y se comparta la información que se tenga a la mano sobre el estatus migratorio.