Written by Administrator Saturday, 25 February 2012 09:15
Una organización de ayuda a inmigrantes en el sur de Florida está advirtiendo estafas con una reciente norma de reunificación familiar anunciada por el gobierno, pero que no se encuentra vigente.
“Estamos teniendo demasiadas llamadas a nuestro centro para saber si este beneficio ya entró en vigencia. Y la respuesta es no”, dijo Carlos Pereira, director del Centro de Orientación del Inmigrante (CODI). “Nos reunimos hace un par de días con funcionarios de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIUS) y nos explicaron que no existen las regulaciones y tampoco una publicación en el Registro Federal” (Diario Oficial del gobierno estadounidense).
El beneficio citado por Pereira fue anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de enero. Se trata de una modificación a la Ley del Castigo que permitiría a ciudadanos estadounidenses regularizar la estadía de familiares inmediatos indocumentados sin necesidad de salir del país.
El proceso actual
La ley vigente señala que un cónyuge o un pariente directo de un ciudadano (padres o hijos) pueden obtener sus papeles, pero la decisión conlleva un enorme riesgo: ser deportado y no poder regresar a Estados Unidos en un plazo de entre tres y 10 años.
Esta pesadilla cambiará en breve, cuando la nueva norma entre en vigencia.
Antes de iniciar el camino hacia la legalización o cambio de estatus, el indocumentado que reúna los requisitos deberá solicitar una exención o “waiver”. “Pero todavía no existe un reglamento”, reiteró Pereira.
Una vez el servicio de inmigración publique la norma que active la medida, el indocumentado será beneficiado con la remoción del castigo y quedará nula la prohibición de regresar a EE.UU.
La Ley del Castigo, también conocida como Ley de los 10 años, señala que si la persona residió en EE.UU. por más 180 días y menos de 365, entonces la prohibición de reingreso es de tres años. Si se dilató por más de un año, ésta se extiende por una década.
No pague nada a nadie
Pereira dijo que mientras la USCIS “considera” el reglamento, personas inescrupulosas “están cobrando hasta $2 mil” por un trámite que el servicio de inmigración “no está dando curso”, porque todavía no es autorizado.
“Queremos que los afectados denuncien a todas aquellas personas que están cometiendo este tipo de fraude y robándole el dinero a las personas”, dijo el activista. “Se puede comunicar con nosotros al (786) 326-6744 o (786) 394-6746”, añadió.
Dijo además que mientras la USCIS no publique el reglamento en el Registro Federal “no se pueden hacer gestiones ni pagarle un centavo a nadie”.
“No envíe una solicitud pidiendo una exención provisional en este momento. La USCIS rechazará cualquier petición. La USCIS no puede aceptar solicitudes hasta que una regla final sea emitida”, apuntó.
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